En Guatemala, cerca del 50% de niños y niñas menores de cinco años sufren retraso en el crecimiento debido a la inseguridad alimentaria y nutricional. La población indígena es la más afectada (70% sufre de desnutrición crónica), lo que hace del enfoque de pertinencia cultural un ingrediente necesario para reconocer el derecho a la alimentación en las comunidades.
Por ello, desde el 2023 un grupo de 15 actores públicos y privados coordinan soluciones alineadas al acuerdo comunitario y creencias indígenas y a la Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN) del municipio guatemalteco. Esta garantiza salud, disponibilidad, acceso, consumo y aprovechamiento de alimentos para los hogares; vinculando a productores familiares y organizados a programas como el de alimentación escolar, mejorar sistemas productivos familiares, diagnosticar y atender mejor los casos de niños y niñas con desnutrición aguda.