En Honduras, la inseguridad alimentaria sigue siendo un problema acuciante, ya que una de cada cinco personas vive en la pobreza. En las zonas rurales, este problema se ve agravado por la desigualdad de oportunidades, el acceso limitado a los servicios básicos y la falta de empleo decente, lo cual dificulta la capacidad de las personas para asegurarse una alimentación nutritiva. Para hacer frente a este desafío, nos centramos en la creación de capacidades que acorten la distancia entre la teoría y la práctica, empoderando a las comunidades para que ejerzan su derecho a la alimentación a través de alimentación sana y asequible.
Honduras es especialmente vulnerable al cambio climático, ya que se encuentra dentro del Corredor Seco, una región de bosque tropical seco en la costa del Pacífico de Centroamérica. Esta zona geográfica expone al país a patrones irregulares de sequía, lo que altera los sistemas alimentarios locales. La inseguridad alimentaria está profundamente entrelazada con una serie de factores sociales, lo que limita las oportunidades de mejorar las condiciones de vida.
En 2024, la tasa de desnutrición en Honduras era del 20,4%, mientras que la pobreza afectaba al 63% de la población rural, según la FAO. En estas zonas rurales, la inseguridad alimentaria se ve agravada por la desigualdad de oportunidades, el acceso restringido a los servicios básicos y las escasas perspectivas de un empleo digno. Estos problemas dificultan especialmente a los grupos vulnerables, como agricultores, mujeres, jóvenes, personas con discapacidad y otros, el acceso a alimentos nutritivos, sostenibles y sanos.
El pueblo Lenca, un grupo indígena del suroeste de Honduras y el este de El Salvador, es uno de los más afectados. En Honduras, los lencas constituyen casi el 90% de MAMCEPAZ, una asociación de ocho municipios situados en el departamento de La Paz. Como comunidad afectada por la pobreza, muchos hombres y jóvenes lencas emigraron en busca de mejores oportunidades, dejando atrás a las mujeres con responsabilidades domésticas, como el cuidado de niños y ancianos.
Más allá del papel doméstico, las mujeres Lenca también se encargan de preparar las comidas en las escuelas locales, lo que pone de relieve su papel como manipuladoras de alimentos en la comunidad. Proporcionarles formación en nutrición y prácticas alimentarias sostenibles es esencial para mejorar la salud de la comunidad, minimizar las enfermedades relacionadas con la alimentación y fomentar la seguridad alimentaria a largo plazo.
Como cabezas de familia, las mujeres Lenca deciden lo que su familia consume y compra. Sus elecciones repercuten directamente en la nutrición, el presupuesto y el bienestar general de la familia. Su participación es esencial para el funcionamiento cotidiano de la familia, así como para transferir conocimientos y reproducir prácticas alimentarias en la región.
Los sistemas alimentarios locales y una alimentación sana están interconectados de muchas maneras. Ayudan a promover la producción local y el acceso a alimentos frescos y sanos dentro de una comunidad, y esto puede repercutir positivamente en la salud de sus miembros y en la sostenibilidad medioambiental. Además, estos sistemas pueden ayudar a preservar las tradiciones culturales y fomentar la participación de la comunidad en la toma de decisiones alimentarias, especialmente en los hogares y las escuelas.
El proyecto Sistemas Alimentarios Centrados en las Personas (PCFSy) pretende integrar los marcos e instrumentos de derechos humanos con las políticas públicas para fortalecer los sistemas alimentarios, tomando como referencia la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y Otras Personas que Trabajan en Zonas Rurales (UNDROP). El objetivo es transformar este derecho de la teoría a la práctica, por ejemplo a través de la promoción de dietas sanas, nutritivas y equilibradas. El proyecto se lleva a cabo con grupos vulnerables (agricultores, mujeres, jóvenes, personas con discapacidad y otros), agentes gubernamentales y organizaciones locales de la sociedad civil en Etiopía, Honduras, Camboya y Uganda, a través de un consorcio formado por la Universidad de Columbia, la Alianza de Bioversity International-CIAT, el Instituto Internacional de Reconstrucción Rural y Rikolto. En Honduras, Rikolto está a la cabeza.
Aunque el proyecto opera a escala nacional, se centra especialmente en las comunidades Lenca de la Mancomunidad de Municipios de Centro de La Paz (MAMCEPAZ). Este enfoque surge de una petición realizada por las autoridades gubernamentales, tanto a nivel nacional como local, para abordar los importantes problemas de inseguridad alimentaria y nutricional de la región. El Corredor Seco, donde se encuentra MAMCEPAZ, se enfrenta a altos niveles de inseguridad alimentaria y a grandes obstáculos para acceder a alimentos nutritivos, lo que supone considerables dificultades para las comunidades lencas a la hora de garantizar una nutrición adecuada para sus familias. Abordar sus necesidades sociales y culturales únicas es crucial para empoderarlas y garantizar su inclusión en las iniciativas de desarrollo. Al centrarnos en las mujeres Lencas, pretendemos promover una mayor equidad y proporcionarles las herramientas y oportunidades necesarias para su crecimiento personal y comunitario.
El proyecto cuenta con el apoyo de MAMCEPAZ y el Ministerio de Agricultura y Ganadería (SAG) para generar un impacto positivo en esta área geográfica específica. La intervención se estructura en dos fases fundamentales:
1. Diagnóstico de Seguridad Alimentaria: Se realizó un diagnóstico en seis de los ocho municipios de la región, de población predominantemente lenca. El objetivo de este diagnóstico fue identificar los principales desafíos en materia de seguridad alimentaria y los factores que inciden en el acceso a una alimentación adecuada en estas comunidades.
2. Fortalecimiento de capacidades: Esta fase se divide en dos etapas:
a. Primera etapa: Capacitación sobre derechos humanos y ejercicio del derecho a la alimentación, en colaboración con el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH). Esta capacitación tiene como objetivo sensibilizar sobre el derecho a una alimentación adecuada y empoderar a la población para que lo reclame efectivamente.
b. Segunda etapa: Formación sobre promoción de políticas relacionadas con la seguridad alimentaria y el uso de alimentos locales. Esta fase cuenta con el apoyo del Observatorio de Seguridad Alimentaria y Nutricional (OBSAN), con el objetivo de reforzar la capacidad de la comunidad en la toma de decisiones y el uso de los recursos alimentarios locales.
Intentamos incluir un componente productivo, que permita a las mujeres cabeza de familia no solo acceder a alimentos de mejor calidad, sino también generar ingresos mediante la producción y venta de productos alimentarios locales. Esta actividad productiva contribuiría a mejorar la seguridad alimentaria, al tiempo que aumentaría la renta disponible de las familias, permitiéndoles diversificar su alimentación y mejorar la calidad de los alimentos que consumen.
Organizamos sesiones continuas de formación y talleres para promover el conocimiento y el desarrollo de capacidades sobre nutrición y prácticas alimentarias sostenibles, fomentando al mismo tiempo la preservación cultural y la participación comunitaria. El objetivo es que los gobiernos integren y apliquen eficazmente los derechos humanos y la equidad en los planes, políticas y legislaciones relacionados con la alimentación a nivel subnacional y nacional.
Aumentamos la capacidad de los grupos vulnerables y de los actores gubernamentales para comprender, valorar y utilizar los artículos del UNDROP y su sistema alimentario de manera que beneficie a los productores de alimentos rurales y periurbanos y a las poblaciones afectadas de esos países mediante un mayor acceso a la información. Tomamos como referencia la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los campesinos y otras personas que trabajan en zonas rurales (UNDROP).
Co-diseñamos e integramos indicadores de derechos humanos y equidad y mecanismos de rendición de cuentas específicamente adaptados a los sistemas nacionales de monitoreo y evaluación (M&E) existentes o nuevos. La Iniciativa de cuenta atrás de los sistemas alimentarios para 2030 podría ofrecer una fuente de partida de un marco integral para debatir y considerar en los países.
En los cuatro países se necesita una mayor coherencia política entre los principales documentos políticos nacionales y los objetivos de los documentos internacionales que abogan por instrumentos basados en los derechos y los principios de equidad. Nos hemos centrado principalmente en la nueva política de derechos humanos de Honduras, que incluye un capítulo sobre el derecho a la alimentación, con el objetivo de impulsar el impacto de las políticas y garantizar la rendición de cuentas.
Al final del proyecto, analizamos el proceso global identificando los puntos fuertes e incorporando lo que hemos aprendido para aumentar la replicabilidad y la eficiencia de futuras iniciativas. El objetivo es documentar los cambios a nivel de sistema observados en torno a las leyes basadas en los derechos y la equidad y su aplicación en los sistemas alimentarios, así como los cambios en las normas y directrices internacionales basadas en los derechos y la equidad.
En 2023, al inicio del proyecto, se evaluó el nivel de conocimiento de los participantes sobre los principales tratados internacionales, así como su familiaridad con el concepto de enfoque basado en los derechos humanos. También se realizó un estudio para conocer los conocimientos y prácticas sobre nutrición, seguridad alimentaria y patrones de consumo de las mujeres Lencas de seis municipios del centro de La Paz (MAMCEPAZ). En el estudio participaron 125 líderes lencas y supuso una importante oportunidad para conocer los alimentos locales y la forma en que se incorporan en la cocina diaria. Los resultados mostraron:
Para nuestras iniciativas de capacitación y transferencia de conocimientos dirigidas a las partes interesadas pertinentes y a los agentes gubernamentales, establecimos asociaciones.
En 2023, formamos alianzas con 350 funcionarios gubernamentales, 242 líderes de ONG o Alianza, 182 líderes campesinos, 139 miembros de academias e investigadores y 184 miembros de la comunidad; en 2024, 173 funcionarios y personal gubernamental, 309 líderes de ONG o Alianza, 59 líderes campesinos, 136 miembros de academias e investigadores y 159 miembros de la comunidad. Por ejemplo, la Oficina Nacional del Comisionado para los Derechos Humanos en Honduras (CONADEH), a través de la Gerencia de Promoción y Educación, jugó un papel clave en la capacitación de los beneficiarios sobre derechos y equidad. Adicionalmente, la Secretaría de Agricultura, a través de la Unidad Técnica de Seguridad Alimentaria y Nutricional, se ha involucrado en diálogos y discusiones políticas, junto con el Observatorio de Seguridad Alimentaria y Nutricional.
Hemos formado un pequeño pero comprometido grupo de aliados centrados en la Seguridad Alimentaria y la Nutrición (SAN), con nosotros, como proyecto / Rikolto, coordinando y sirviendo de enlace central que une a todas las partes interesadas. Apoyamos activamente diversas iniciativas para mejorar la transferencia de conocimientos, crear capacidades e impulsar cambios impactantes en las políticas. Estas iniciativas de capacitación tocaron temas críticos, como la nutrición, los derechos laborales, los derechos del niño, los derechos de la mujer y la igualdad de género.
En 2023, estas actividades llegaron a comunidades de 9 de los 18 departamentos de Honduras. Colaboramos con un total de 1097 personas, entre ellas 593 mujeres y 406 jóvenes. En concreto, establecimos alianzas con 350 funcionarios gubernamentales, 242 líderes de ONG o Alianza, 182 líderes campesinos, 139 miembros de academias e investigadores y 184 miembros de la comunidad.
En 2024, nuestras sesiones de capacitación llegaron a comunidades de 6 de los 18 departamentos de Honduras, colaborando con un total de 836 personas, incluidas 583 mujeres y 410 jóvenes.
Nuestras sesiones de capacitación sobre la aplicación del marco de derechos humanos para los agentes gubernamentales y los grupos vulnerables contribuyeron a mejorar los aspectos sostenibles de las iniciativas políticas. Además, apoyamos la redacción consultiva de marcos jurídicos y políticos nacionales que apoyan la aplicación de las hojas de ruta del UNDROP específicas de cada país, basadas en la participación de todas las partes interesadas pertinentes.
En general, el desarrollo de la Política de Derechos Humanos a la Alimentación aborda muchos de los derechos esbozados en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y Otras Personas que Trabajan en Zonas Rurales (UNDROP). La atención no se centra únicamente en los derechos de los campesinos y otras comunidades rurales, sino que se extiende a todas las poblaciones de las zonas rurales, periurbanas y urbanas. Al abarcar una amplia gama de derechos humanos, pretende crear un marco inclusivo que garantice la protección, el reconocimiento y el cumplimiento de los derechos de todas las personas, independientemente de su ubicación geográfica o situación socioeconómica. Estos esfuerzos son fundamentales para promover la igualdad, la justicia social y el desarrollo sostenible de todas las personas, en particular de los grupos vulnerables, tanto en contextos rurales como urbanos.
De cara al futuro, tenemos previsto realizar una evaluación final para valorar el impacto a largo plazo de estas actividades de capacitación. Esta evaluación proporcionará información valiosa sobre la eficacia de las intervenciones y nos ayudará a medir los progresos realizados en la capacitación de los beneficiarios para proteger y hacer valer sus derechos.
La nueva Política Nacional de Derechos Humanos está diseñada para establecer un marco global que conecte e integre todos los sectores, creando un enfoque cohesivo de los derechos humanos en todo el gobierno. Este marco no sólo facilitará el seguimiento de los avances, sino que también garantizará que los ministerios y organismos estatales rindan cuentas de sus acciones. De este modo, la política garantizará que todos los organismos gubernamentales cumplan con sus responsabilidades y actúen de forma coherente con las normas de derechos humanos. El sistema integrado de seguimiento de la política proporcionará una supervisión clara sobre si los ministerios y las instituciones gubernamentales están cumpliendo sus compromisos y obligaciones tal y como se describen en la política. Este enfoque pretende identificar y abordar cualquier laguna, garantizando que los derechos humanos se respetan y promueven en todos los niveles de gobierno.
Es importante destacar que el Ministro de Derechos Humanos, por mandato legal, desempeñará un papel central en la supervisión de la aplicación de la política. Esto incluye la supervisión de todos los indicadores aprobados en el marco de la política, que son cruciales para seguir los avances en diversos ámbitos de los derechos humanos. Entre ellos, uno de los principales es la reducción de las disparidades en el acceso a derechos esenciales, como la realización progresiva del derecho a la alimentación. Esto implica garantizar que todas las personas tengan acceso no sólo a alimentos suficientes, sino también a dietas sanas, nutritivas y culturalmente apropiadas que promuevan el bienestar general. El derecho progresivo a la alimentación reconoce que, aunque la plena realización de este derecho puede llevar tiempo, los gobiernos están obligados a dar pasos hacia su consecución, mejorando progresivamente el acceso a una alimentación adecuada.
De este modo, la nueva Política de Derechos Humanos proporcionará la estructura y la rendición de cuentas necesarias para garantizar que el gobierno cumple con sus obligaciones, aborda las disparidades existentes y trabaja para reducir las brechas de derechos, especialmente en el área crítica del acceso a los alimentos y la nutrición. Este enfoque progresivo garantiza que, a medida que aumenten los recursos y las capacidades, seguirá mejorando el acceso de todos los ciudadanos a una alimentación sana y suficiente.
Desde agosto de 2024, hemos fortalecido nuestra relación con el Ministerio de Derechos Humanos, trabajando juntos para reunir a diferentes actores para mejorar los indicadores clave de la nueva Política de Derechos Humanos, particularmente en el área del Derecho a la Alimentación.
Un elemento importante de la nueva Política Nacional de Derechos Humanos es la incorporación de un análisis de coherencia política, que va más allá del sector agroalimentario. Este análisis considera todos los sectores e industrias, asegurando que la política se alinea con las diversas normativas y declaraciones internacionales que Honduras ha firmado. De este modo, la política garantiza que exista un enfoque holístico de los derechos humanos que sea coherente en todos los ámbitos de la gobernanza, creando una base sólida para el desarrollo sostenible a largo plazo. Esto se ve respaldado por nuestro papel de compartir las mejores prácticas y promover un enfoque más estructurado para aplicar las leyes existentes y garantizar que se integren en las nuevas políticas públicas.
Además, la mayoría de las instituciones gubernamentales de Honduras ya cuentan con un conjunto de indicadores, especialmente los destinados a alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para 2030. Estos indicadores proporcionan un marco para medir el progreso y alinear las políticas públicas con los objetivos globales de desarrollo. Al incorporar estos indicadores en la nueva Política de Derechos Humanos, podemos garantizar que los esfuerzos del gobierno no solo estén alineados con los derechos humanos, sino también con objetivos de desarrollo internacionales más amplios, contribuyendo a un crecimiento sostenible e inclusivo para todos los hondureños.
También se acordó durante nuestra reunión en Roma el año pasado que el proyecto no tiene capacidad para hacer recomendaciones directas al Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA). Esta decisión se deriva del hecho de que el CSA ya está formado por una amplia gama de expertos, incluido un grupo de especialistas de alto nivel que están mejor equipados para proporcionar la orientación y las recomendaciones necesarias. Por lo tanto, el papel del proyecto es apoyar y aportar valiosas ideas, pero no servir de órgano principal para formular recomendaciones.
Es importante señalar que, aunque el impacto de los cambios políticos no puede medirse plenamente en el corto periodo de duración de un proyecto -ya que tales cambios suelen llevar más de 10 años-, el proyecto está sentando las bases para mejorar las políticas existentes o contribuir a la nueva Política de Derechos Humanos. Estos esfuerzos pretenden establecer nuevos métodos de seguimiento de los avances técnicos y financieros, contribuyendo a un enfoque más eficaz y sostenible de la seguridad alimentaria y el derecho a la alimentación.
El proyecto colabora con diferentes actores para la creación de una nueva Política de Derechos Humanos en la que se priorizan 5 derechos y se incluye el derecho humano a la alimentación. El esfuerzo transversal permitirá la incorporación de un índice de seguridad alimentaria. Además, contribuye a la actualización del Plan de Acción de la Política y Estrategia de Seguridad Alimentaria y Nutricional de Honduras.
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