Las ciudades impulsan cada vez más el consumo mundial de alimentos y tienen una gran influencia en nuestros sistemas alimentarios. Aunque cada vez hay más conciencia de su papel en el impulso de cambios sostenibles, muchas ciudades carecen de políticas integrales del sistema alimentario desarrolladas sobre la base de una amplia participación ciudadana y la investigación multidisciplinar. El proyecto Vecindarios Alimentarios Saludables" ejecutado de 2021 a 2023 con el apoyo del Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (IDRC Canadá) buscó comprender algunos de los principales desafíos alimentarios que enfrentan ciudades metropolitanas como Quito (Ecuador) y Lima (Perú). Entre ellos, las cadenas de suministro insostenibles y la inseguridad alimentaria.
Liderado por Rikolto, el proyecto fue implementado en consorcio con Ecosad y Funsad para promover espacios multiactor, abordar desafíos de seguridad alimentaria y construir una comprensión sistémica del consumo y producción sostenibles a través de investigación y acción, en dos ciudades.
Socializamos más de 25 estudios y publicaciones con conclusiones que abogan por sistemas alimentarios más sostenibles en los espacios y plataformas multisectoriales de las ciudades.
El Área Metropolitana de Lima en Perú, con una población de más de 9 millones de habitantes, depende en gran medida de la importación de alimentos, ya que produce menos del 1% de los alimentos consumidos y el 3% de las verduras compradas. La ciudad también alberga el 49% de los mercados del país (2.215 en total), muchos de los cuales se enfrentan a la preocupación por la contaminación agroquímica de los alimentos. Las zonas agrícolas a lo largo del río, en los valles de Lurín y Chillón, se han ido reduciendo en la última década debido a la presión inmobiliaria y a los escasos beneficios para los agricultores. Además, la estacionalidad de los cultivos hace que los productores opten por la producción a gran escala para satisfacer la demanda de Lima, en lugar de las prácticas agroecológicas que forman parte del valor diferenciado de su oferta alimentaria.
En Quito, cerca del 95% de los alimentos que se consumen en la ciudad proceden de fuera de sus fronteras. Además, la ciudad ha dejado de depender de los alimentos producidos en su zona rural inmediata, lo que debilita su resistencia a las perturbaciones climáticas y a la amenaza que suponen los volcanes que rodean la ciudad. La COVID-19 puso de manifiesto la fragilidad de sus sistemas alimentarios urbanos.
La hipótesis principal del proyecto es que, para mejorar la disponibilidad y acceso a los alimentos en las ciudades, la planificación necesita verse desde diferentes escalas, empezando en el nivel de los vecindarios.
Los vecindarios alimentarios son territorios constituido por un grupo de hogares, delimitado por la distancia que las personas pueden caminar para comprar alimentos sanos y asequibles, ya sea en un mercado, una feria agroecológica, una bodega o cualquier otro lugar donde puedan adquirir alimentos. Durante la pandemia, los mercados tradicionales de alimentos y los mercados mayoristas cerraron, al igual que las bioferias (mercados orgánicos) que funcionaban en parques y plazas de Quito y Lima. La respuesta pública se centró en la entrega de cestas de alimentos y bocadillos a las personas en situación de vulnerabilidad, pero estas iniciativas resultaron ineficaces y en ocasiones implicaron acusaciones de corrupción.
En los vecindarios, que también son espacios de acción social y lucha colectiva, florecieron respuestas solidarias a la inseguridad alimentaria y la desigualdad económica. Las iniciativas de huertos urbanos comunitarios y locales (Quito) y ollas comunes (Lima) han mitigado el riesgo de inseguridad alimentaria proporcionando alimentos sanos y locales a los más vulnerables. Su contribución nos lleva a preguntarnos: ¿por qué la gente pasaba hambre si había alimentos disponibles?
Para responder a esta pregunta realizamos una investigación en profundidad que incluyó prácticas de observación, recopilación de datos de mercados y huertos urbanos, encuestas a consumidores y un mapeo de las respuestas alimentarias implementadas por las comunidades para hacer frente a la incertidumbre alimentaria durante la pandemia.
Los estudios mostraron que las políticas públicas aplicadas para hacer frente a la emergencia alimentaria eran insuficientes para garantizar el derecho a la alimentación en los vecindarios y descuidaban las experiencias comunitarias que ayudaban a reducir la inseguridad alimentaria y el hambre. Las soluciones a pequeña escala suelen pasarse por alto cuando se trabaja a escala municipal o nacional. Los huertos urbanos, aunque pequeños y orientados a la producción para uso personal, pueden formar micro-redes alimentarias que fomentan la resiliencia en tiempos de crisis proporcionando alimentos sanos a los vecinos que no recibieron ayuda gubernamental. Las conclusiones se compartieron con responsables políticos y otras partes interesadas para contribuir a la formulación de políticas alimentarias públicas.
En los primeros años del proyecto, contribuimos a espacios como el Pacto Agroalimentario de Quito (PAQ), la Mesa de Seguridad Alimentaria de Lima, las Plataformas Multiactor para la Promoción de Sistemas Alimentarios Saludables en los valles de los ríos Lurín y Chillón y el Consejo del Sistema Alimentario de Lima (Consial). Estas plataformas multisectoriales son esenciales para mejorar la gobernanza de los sistemas alimentarios, pero no fueron tomadas en cuenta por las autoridades de ninguna de las dos ciudades en su respuesta alimentaria durante la pandemia.
En 2022, gracias a los esfuerzos de incidencia del Consorcio Agroecológico Peruano (CAP) y Ecosad, con el apoyo de Rikolto; el Concejo Metropolitano aprobó una ordenanza para la recuperación de alimentos en los mercados del área metropolitana de Lima. Nuestros socios locales y las plataformas multiactor aliadas acompañaron su desarrollo técnico, piedra angular en la creación del posterior programa municipal Lima Recupera y Alimenta. El programa promueve el recojo y recuperación de alimentos frescos de origen agrícola y acuícola en los mercados mayoristas y de abastos.
En Quito, apoyamos al Pacto Agroalimentario de Quito (PAQ) en el desarrollo de una hoja de ruta para ser implementada en 2023 y 2024. En este espacio, abogamos por una ordenanza municipal para promover la agricultura urbana y otra para promover un consejo del sistema alimentario, ambas debatidas antes de finalizar el periodo de gobierno, pero no aprobadas. Al final del proyecto, el nuevo ayuntamiento retomó la propuesta de ordenanza y propuso un nuevo objetivo para reducir el hambre en el área metropolitana de Quito, definiendo el marco normativo para la promoción de barrios alimentarios saludables (Ordenanza de Vecindarios Alimentarios Saludables). El texto estaba siendo discutido al momento de escribir este artículo y ya fue presentado formalmente en reuniones públicas.
¿Qué consumen los ciudadanos que viven en nuestras ciudades? ¿son seguros los productos? Estas fueron las preguntas que motivaron el primer Monitoreo Ciudadano de Plaguicidas en Alimentos, liderado por Ecosad, la Red de Agricultura Ecológica del Perú (RAE Perú) y el Consorcio Agroecológico Peruano (CAP), y apoyado por Rikolto como parte del proyecto. El objetivo de esta iniciativa era abordar la preocupación por la seguridad alimentaria en las zonas urbanas reuniendo pruebas para instar a las autoridades locales a actuar y concienciar a los consumidores sobre la calidad de los alimentos. También pretendía catalizar un movimiento ciudadano que abogara por el acceso a alimentos sanos y nutritivos.
El actual sistema de monitoreo de la calidad de los alimentos carece de suficientes mecanismos de control para la seguridad alimentaria, especialmente en contraste con las normas aplicadas a los productos de exportación, en los que el Estado desempeña un papel crucial como garante. El primer monitoreo ciudadano de agroquímicos en frutas y verduras en supermercados de Lima y Callao, que analizó alimentos de seis de los supermercados más grandes de Perú (Metro, Tottus, Wong, Plaza Vea, Vivanda y Minka), reveló que algunos productos alimenticios contenían pesticidas por encima del nivel máximo permitido por las normas sanitarias locales. Los resultados fueron objeto de una intensa campaña mediática. Una segunda ronda de controles incluyó muestras de mercados locales de otras regiones de Perú. El proyecto apoyó a sus aliados en la organización de eventos públicos para debatir los resultados del estudio con las instituciones gubernamentales y la sociedad civil en ciudades como Arequipa, Cusco, Áncash y Huánuco.
La asociación con el IDRC nos permitió destacar el valor de la investigación-acción y la necesidad de generar datos y nuevos conocimientos para una gestión más adaptativa de nuestros sistemas alimentarios con la sociedad civil, así como estimular debates en espacios de gobernanza alimentaria con múltiples partes interesadas en Quito y Lima.
La pandemia demostró que las iniciativas de las organizaciones de la sociedad civil en ambas ciudades fueron decisivas para hacer frente a la inseguridad alimentaria en tiempos de crisis, mostrando la necesidad de reforzar la acción comunitaria y de conectar diferentes iniciativas para crear un amplio movimiento que promueva dietas asequibles y más saludables en las ciudades.
Aunque esta respuesta colectiva fue una estrategia eficaz para paliar la inseguridad alimentaria en un momento de crisis, no es suficiente para erradicar el problema debido a su magnitud y al limitado apoyo público. La pandemia tuvo un impacto especialmente perjudicial en las mujeres, incluidas las migrantes, las líderes de los comedores comunitarios y las productoras. Su carga de trabajo aumentó al asumir responsabilidades adicionales, sus ingresos se vieron afectados negativamente.
Las conclusiones del proyecto abrieron nuevos debates sobre la planificación alimentaria en ambas ciudades, destacando la necesidad de una comprensión más sistémica de los sistemas agroalimentarios, un análisis minucioso de la situación alimentaria de los inmigrantes y el uso del espacio público para aumentar la accesibilidad a alimentos saludables. Aunque la transformación de los sistemas alimentarios es necesariamente un esfuerzo de colaboración, el proyecto demostró el papel esencial de las autoridades para garantizar el derecho a la alimentación. También les orientó sobre los puntos de partida que pueden adoptar para hacerlo realidad a nivel de vecindario.
