Esta pregunta, planteada por un grupo de productores de Santa Bárbara, tocó la fibra sensible de Raúl Pinel, coordinador de proyectos de Rikolto en Honduras. No cuestionaban la importancia del derecho humano a una alimentación adecuada, sino que se preguntaban: ¿Podemos nosotros, como agricultores, ejercer realmente este derecho?
En un país donde casi la mitad de la población vive en pobreza extrema (INE1, 2024) y 1,8 millones de personas sufren inseguridad alimentaria aguda grave2, es urgente implementar y ejercer el derecho a una alimentación adecuada.
A través del Proyecto Sistemas Alimentarios Centrados en las Personas3, Rikolto y sus socios trabajan para integrar mejor los marcos de derechos humanos en las políticas locales y nacionales, al tiempo que promueven la comprensión de la importancia de los sistemas alimentarios. Con este fin, la iniciativa en Honduras tiene como objetivo aumentar la concienciación, el acceso a la información y fortalecer los conocimientos y las capacidades de los titulares de derechos (incluidos los agricultores, las mujeres, los jóvenes y las personas con discapacidad), los actores de la sociedad civil y los debitores de derechos, como los responsables políticos y las organizaciones locales.
Este artículo explora cómo la facilitación de Rikolto de la coordinación entre múltiples partes interesadas y a varios niveles busca garantizar que la alimentación adecuada deje de ser un privilegio y se convierta en un derecho que proteja la dignidad de todas las personas.
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Una de las primeras conclusiones clave en el país centroamericano fue el limitado conocimiento y aplicación de los marcos internacionales que protegen el derecho a una alimentación adecuada, incluso entre los actores gubernamentales. En respuesta a ello, el proyecto reconoció que «la formación por sí sola no es suficiente».
A continuación, los esfuerzos se centraron en fortalecer las capacidades, promover un diálogo multisectorial eficaz e integrar los sistemas alimentarios, los enfoques de derechos humanos y la equidad en las agendas públicas y los marcos políticos.
A partir de 2022, Rikolto reforzó sus alianzas con la Unidad Técnica de Seguridad Alimentaria y Nutricional (UTSAN), el observatorio universitario OBSAN4 y la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Honduras (CONADEH). Para 2023, se celebraron cinco sesiones de diálogo con los titulares de derechos, con más de 196 participantes. Las conversaciones se orientaron al análisis de la Política Agroalimentaria Hondureña (PESAH) y la Política y Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (PyENSAN) para evaluar su alineación con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales (UNDROP).
Sobre esta base, en 2024, Rikolto y la Secretaría de Derechos Humanos (SEDH) de Honduras iniciaron una colaboración y facilitaron seis procesos de diálogo más centrados en la revisión de la nueva Política Nacional de Derechos Humanos. Como resultado, se incluyó explícitamente el derecho a una alimentación adecuada, un logro significativo respaldado por el desarrollo de indicadores prácticos para evaluar los avances en la implementación5.
Rikolto apoyó la validación de los indicadores, que pueden utilizarse para aplicar la UNDROP, la PESAH y la PyENSAN en el marco de la nueva Política de Derechos Humanos.
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En 2024, se llevó a cabo una evaluación alimentaria con 125 líderes comunitarios, en colaboración con UTSAN, OBSAN6 y CONADEH. El estudio reveló que el 47 % de los participantes no podía consumir tres comidas al día. Además, más del 60 % no comía la cantidad necesaria de fruta y el 70 % no comía la cantidad necesaria de verduras. Los resultados completos están disponibles aquí.
Estos datos sirvieron de base para un plan de capacitación comunitaria puesto en marcha a finales de ese año con el fin de promover el derecho a una alimentación adecuada, incluyendo temas como la seguridad alimentaria basada en los recursos locales, la diversidad alimentaria y la producción sostenible.
OBSAN utilizó los resultados para organizar talleres sobre seguridad alimentaria, mientras que la Oficina Municipal de la Mujer (OMM) los integró en las iniciativas locales de salud, centrándose en las mujeres y los niños menores de cinco años.
«En San Pedro, nos enfrentamos a una alta incidencia de la enfermedad de Chagas. Afecta principalmente a mujeres y niños. Las personas afectadas necesitan un tratamiento intensivo. Y como conocemos mejor su estado nutricional —la mayoría están desnutridos—, podemos proporcionarles una alimentación adecuada para que puedan recibir el tratamiento en mejores condiciones». Dilma Villatoro, directora de la Oficina Municipal de la Mujer de San Pedro de Tulule, La Paz.
Además, los resultados respaldaron el análisis de la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria (IPC) en Honduras y ayudaron a definir las prioridades de intervención, especialmente en La Paz.
Si bien el proyecto ha logrado avances a nivel nacional, también promueve soluciones adaptadas a las necesidades locales, especialmente en el Corredor Seco, una región que a menudo se asocia con problemas de inseguridad alimentaria. Esto incluye departamentos como Lempira, Intibucá, La Paz, Francisco Morazán, El Paraíso, Santa Bárbara, Ocotepeque y Choluteca. Aquí, la iniciativa colabora con mujeres de la comunidad indígena lenca en seis de los ocho municipios que forman parte de la Asociación de Municipios de la Región Central de La Paz (MAMCEPAZ).
Debido a la pobreza, muchos hombres y jóvenes lencas han emigrado en busca de mejores oportunidades, dejando a las mujeres con responsabilidades como el cuidado de los niños y los ancianos. Además de sus tareas domésticas, las mujeres lenca preparan comidas en las escuelas locales y desempeñan un papel fundamental como administradoras de alimentos de la comunidad. Dotarles de conocimientos sobre nutrición y prácticas alimentarias sostenibles es fundamental para mejorar la salud pública, reducir las enfermedades relacionadas con la alimentación y apoyar la seguridad alimentaria a largo plazo.
El pueblo lenca contribuye a la resiliencia del sistema alimentario. A través de sus conocimientos tradicionales, la conservación de la biodiversidad, la gobernanza comunitaria y las prácticas agrícolas sostenibles, están resistiendo el embate de la inseguridad alimentaria. Por eso, Rikolto trabaja con las familias, especialmente con las mujeres, para desarrollar dietas más nutritivas y culturalmente apropiadas utilizando ingredientes locales, basándose en los resultados de la evaluación alimentaria. «A largo plazo», dice Raúl, «esto podría mejorar su ingesta nutricional, basándose en sus conocimientos culturales, e incluso impulsar la economía local».
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Durante el proyecto se pusieron de manifiesto dos retos importantes: en primer lugar, establecer una coordinación directa con los departamentos gubernamentales y gestionar la elevada rotación de su personal. Se tardó casi dos años en formalizar una relación de trabajo con la SEDH, lo que fue posible gracias a una colaboración previa de Rikolto con la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) y la CONADEH.
«Otro reto es que no se trata de un proyecto que ofrezca resultados a corto plazo. Se trata de influir en un cambio de comportamiento a largo plazo entre los agricultores, los pueblos indígenas y las instituciones que definen las políticas. Los impactos pueden tardar una década o más en materializarse», explica Raúl Pinel, coordinador del proyecto en Honduras.
Aunque Honduras ha firmado varios acuerdos internacionales sobre el tema, Raúl señala que «a menudo no se traducen en regulaciones viables, especialmente a nivel local. Por eso es tan importante acompañar el desarrollo y la implementación de políticas de derechos humanos. Se trata de promover la concienciación, la coherencia y, en última instancia, un cambio medible».
De esta experiencia se desprenden varias recomendaciones:
De la teoría a la práctica. El proyecto pasó muy rápidamente de la recopilación de datos a partir de la evaluación alimentaria a la adopción de medidas mediante talleres prácticos y cursos de formación. A lo largo de tres años, 2000 participantes, entre ellos mujeres y jóvenes, participaron en diversas actividades de aprendizaje sobre nutrición, derechos laborales, derechos de los niños y la igualdad de género, pero también sobre prácticas seguras en la manipulación de alimentos.
Es esencial promover espacios participativos para la revisión, la formulación y el seguimiento de las políticas. Una amplia representación de los ciudadanos puede ayudar a garantizar que las políticas sean receptivas, ampliamente aceptadas y asumidas como propias. Reforzar la comprensión de estos grupos sobre sus derechos aumenta su capacidad para contribuir a la toma de decisiones y utilizar las herramientas de rendición de cuentas. «Los agricultores, por ejemplo, a menudo tienen que desplazarse hasta la capital para presentar una queja sobre una cuestión política que les afecta; ahí es donde todavía tenemos trabajo por hacer», afirma Raúl.
Garantizar la armonización de las políticas entre los distintos sectores —nutrición, agricultura y derechos— y su arraigo en las estructuras de gobernanza locales. Uno de los logros del proyecto fue la fluida colaboración con la SEDH para validar los indicadores. Como parte de un enfoque multisectorial más amplio, las políticas basadas en los derechos humanos están diseñadas para estar centradas en las personas y, al mismo tiempo, ser coherentes con otras políticas nacionales.
Dar prioridad a las alianzas con actores que tengan legitimidad local y capacidad técnica. Es esencial contar con equipos locales con un profundo conocimiento del contexto. En Honduras, las alianzas con la CONADEH, la UTSAN, la OBSAN y la MAMCEPAZ ayudaron a identificar los retos y a diseñar conjuntamente respuestas adecuadas a los desafíos del sistema alimentario. Además, en línea con la lección anterior, los indicadores relativos al derecho a una alimentación adecuada son difíciles de seguir y a menudo requieren importantes recursos financieros. Sin embargo, algunos datos pueden ser recopilados a nivel local por los funcionarios locales para apoyar las acciones en sus comunidades.
La alimentación es más que lo que acaba en nuestros platos: es un derecho humano fundamental. Los responsables políticos de otros contextos pueden aprender del caso hondureño: hacer realidad este derecho requiere esfuerzos intersectoriales que abarquen la agricultura, la salud, la educación, el medio ambiente y la gobernanza. Por eso Rikolto trabaja de forma colectiva, tratando de reconocer el liderazgo de las comunidades e instituciones locales, para que la alimentación adecuada deje de ser un privilegio y se convierta en un derecho que proteja la dignidad de todas las personas.
El proyecto «Sistemas alimentarios centrados en las personas» está dirigido por la Columbia Climate School, la Alianza de Bioversity International y CIAT, el Instituto Internacional para la Reconstrucción Rural (IIRR) y Rikolto, y financiado por la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE).
Autores: Raúl Pinel, Natalia Palomino, Mariela Wismann. Editora: Selene Casanova
